A punto de cumplirse los dos años de la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), las administraciones públicas afrontan la recta final del plazo fijado para cumplir el mandato de articular una vía o canal electrónico de tramitación de los procedimientos administrativos, junto a la tradicional oficina presencial, haciendo efectivos los llamados derechos digitales que la citada ley reconoce a los ciudadanos: en efecto, y salvo que se pretexte la falta de presupuesto como justificación del incumplimiento de su obligación, el 31 de diciembre de 2009 la e-Administración debe ser una realidad en España.