La nueva normativa europea de medioambiente, implantada en España desde 2007, se erige sobre dos pilares fundamentales: la prevención y la reparación de posibles daños ecológicos. Bajo el lema 'quien contamina paga', una de las novedades de esta ley es la obligación que tendrán determinadas empresas de contratar un seguro que pueda hacer frente a una posible catástrofe medioambiental.

A pesar de que disponer de esta garantía financiera va a ser obligatorio para algunas empresas a partir del próximo abril, solamente algo más del 30% de las empresas españolas que cotiza en bolsa tienen ya este contrato, según informan fuentes de la multinacional Marsh. La consultora también sostiene que el resto de empresas, es decir, las que no cotizan, suman entre el 10 y el 15%.