Los propietarios de edificios existentes que quieran vender o alquilar su inmueble necesitarán, a partir del 1 de junio, un certificado que califique energéticamente su vivienda o edificio. De esta manera, a la hora de acceder a una vivienda, el usuario tendrá nuevos elementos de juicio (el consumo energético y las emisiones de CO2) a la hora de valorar entre diferentes opciones. El objetivo del Gobierno es que al menos el 10 % de los propietarios de estos inmuebles lleven a cabo actuaciones para mejorar el rendimiento energético de los mismos. Si se cumplen estas previsiones, el ahorro acumulado se situará en torno a los 32000 teps (toneladas equivalentes de petróleo), más de 37 millones de euros anuales. Para impulsar actuaciones de mejora en los inmuebles certificados, el Gobierno ha consignado una partida de 100 millones de euros.