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El Estado tiene un plazo de dos meses para adoptar estas iniciativas si no quiere ser denunciado por el Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Según Bruselas, las autoridades españolas tendrían que haber designado en Canarias 174 espacios como zonas especiales de conservación y adoptar las medidas de protección necesarias para conservarlos antes de diciembre de 2007. España asegura que el proceso está en marcha, pero la Comisión replica que "no se ha fijado ninguna fecha definitiva para la designación ni se han tomado las medidas necesarias".