Con la entrada en vigor de la Directiva europea de Taxonomía verde en el contexto del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles en 2020, se fijaron las definiciones sobre qué criterios técnicos deberían cumplir una actividad económica para ser considerada medio ambientalmente sostenible, siempre que se encuentren dentro de los seis grandes objetivos medioambientales.

Sin embargo, debido a la complejidad de la norma, han surgido numerosas dudas respecto a qué actividades pueden considerarse elegibles y, por tanto, estar alineadas con la taxonomía.

Expertos auditores ya alertan del riesgo de la aplicación arbitraria de la normativa, ya que podría provocar que se produjesen malas prácticas en las compañías, como es el greenwashing.