La Comisión Europea ha propuesto otorgar tres años más de flexibilidad a la industria automovilística para cumplir con las normas de reducción de emisiones de CO₂. Así, aunque los objetivos generales se mantienen, este cambio busca aliviar la presión sobre los fabricantes, quienes enfrentaban multas de hasta 16.000 millones de euros por no cumplir con las normas actuales.

Sin embargo, organizaciones ecologistas advierten que la medida podría retrasar la producción de vehículos eléctricos.