El proyecto Conecta Canarias Lab, impulsado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain) con el apoyo del Gobierno de Canarias, ha permitido que estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna desarrollen sus trabajos de fin de grado y máster en colaboración con los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 

Los proyectos han abordado retos como la recuperación de espacios naturales, la adaptación climática, la economía circular y la gestión sostenible de residuos, ofreciendo soluciones aplicables a cada territorio. La iniciativa busca conectar el conocimiento universitario con las necesidades reales de los municipios para avanzar en la Agenda Canaria 2030 mediante propuestas centradas en sostenibilidad, innovación y transformación urbana.

Europa intensifica sus esfuerzos para impulsar el reciclaje de materiales críticos como el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras, con el objetivo de garantizar el suministro de recursos esenciales para las energías renovables, la movilidad eléctrica y otras tecnologías limpias. 

Durante el Congreso Internacional de Acción Climática (CIACC 2026), expertos destacaron el papel de la economía circular y de nuevas tecnologías de recuperación de minerales, como las desarrolladas por Eurecat a partir de baterías, residuos electrónicos y otros procesos industriales.

La sexta edición del Barómetro de Materialidad de DIRSE & EY refleja que la doble materialidad se consolida como una herramienta clave para la gobernanza y la planificación empresarial. El estudio muestra que el 85 % de las organizaciones implica a distintas áreas en este análisis y que el 82 % cuenta con la supervisión de la alta dirección o del consejo.

No obstante, el informe señala que todavía existe margen para que esta herramienta influya de forma decisiva en la estrategia corporativa y las inversiones. Solo el 54 % de las organizaciones integra formalmente la doble materialidad en su estrategia y un 32 % la emplea para orientar decisiones de inversión.

Entre los ámbitos con mayor capacidad transformadora destacan la eficiencia energética, la economía circular, la gestión sostenible de los recursos, la salud y seguridad laboral, la diversidad y la mitigación del cambio climático. 

Los ayuntamientos de Lanzarote han participado en un nuevo taller impulsado por Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias y la Fecam para reforzar la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito municipal.

Entre los principales objetivos de la formación figuran fortalecer la coordinación entre administraciones, convertir los ODS en actuaciones concretas para la ciudadanía y consolidar una red de técnicos municipales que impulse políticas locales más sostenibles, inclusivas y alineadas con la Agenda 2030.

España prevé lanzar antes de que finalice 2026 la primera subasta de eólica marina flotante, un paso estratégico para impulsar el desarrollo de las energías renovables marinas y avanzar en los objetivos de descarbonización.

El Gobierno mantiene el calendario previsto mientras continúa analizando los aspectos técnicos y el grado de aceptación social de los territorios candidatos, entre los que destacan Canarias y Galicia. La futura licitación incluirá un régimen económico específico, la reserva de capacidad de acceso a la red eléctrica y la prioridad para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. 

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias presentó en Reino Unido su estrategia orientada a consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Durante un encuentro con periodistas especializados, se expusieron los avances del programa RegNext, una iniciativa que busca convertir el turismo en una herramienta de regeneración territorial mediante aportaciones voluntarias de empresas, fundaciones y visitantes destinadas a proyectos ambientales y sociales.

El modelo contempla mecanismos de transparencia y seguimiento para medir el impacto generado y favorecer una participación abierta de entidades públicas, privadas y del tercer sector.

Un 68% de la población española considera que las industrias con mayor consumo energético, como las del acero, cemento o sector químico, deben asumir el coste de sus emisiones de CO₂, según una encuesta elaborada por YouGov para Beyond Fossil Fuels en seis países europeos.

El respaldo en España se sitúa por encima de la media europea (59%) y también refleja un amplio apoyo a que las empresas con mayores emisiones paguen más y a que los ingresos obtenidos se destinen a financiar la descarbonización industrial.

El consumo de productos con certificación Fairtrade en España continúa creciendo y alcanzó en 2025 más de 157 millones de euros en ventas, un 16% más que en 2020, según los datos presentados por Fairtrade Ibérica. El gasto medio por habitante se situó en 3,21 euros, una cifra que, aunque refleja una evolución positiva, permanece por debajo de la media europea. El sello concentra el 95% del mercado de comercio justo en España.

El avance del mercado se apoya en una mayor incorporación de productos certificados en la distribución comercial y en el crecimiento de las marcas propias, que ya representan cerca de la mitad de las ventas. Además, el modelo generó una Prima Fairtrade de 1,4 millones de euros destinada a proyectos sociales, educativos y productivos en origen. 

El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en la tramitación de la futura Ley de Movilidad Sostenible al remitir el proyecto al Consejo Consultivo para su dictamen previo. La norma, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, busca establecer un marco común para planificar y gestionar la movilidad en el ámbito autonómico, insular y municipal, integrando desplazamientos terrestres, marítimos y aéreos junto con las infraestructuras asociadas.

La futura ley plantea reforzar un modelo de movilidad más sostenible, accesible y eficiente, promoviendo el transporte público, la movilidad activa y la reducción de emisiones en un territorio donde el transporte concentra el 41,9% de los gases de efecto invernadero. Entre las medidas previstas figuran una planificación coordinada con el territorio, financiación estable del transporte colectivo, impulso a carriles exclusivos e intercambiadores, digitalización y datos abiertos.