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La entrada en vigor de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible obligará en 2026 a las empresas con más de 200 empleados por centro de trabajo, o 100 por turno, a implantar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST). Esta normativa introduce un cambio relevante en la gestión de la movilidad corporativa, con posibles sanciones en caso de incumplimiento. Desde Jhasa advierten que su aplicación requiere una revisión integral de las políticas empresariales, apoyándose en tecnología, analítica e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.

La nueva regulación tendrá un impacto directo en la gestión de flotas, impulsando su digitalización, el control operativo y la prevención de incidencias. Las empresas deberán realizar un diagnóstico inicial, establecer medidas correctoras, fijar indicadores y evaluar periódicamente los resultados. Además, se prevé un avance en tres ámbitos clave: digitalización, ciberseguridad en vehículos conectados y electrificación, lo que posiciona esta obligación no solo como un requisito legal, sino como una oportunidad para modernizar la movilidad corporativa.