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La transición hacia una movilidad corporativa sostenible en España avanza con mayor cautela debido a la incertidumbre regulatoria, aunque el compromiso con la descarbonización se mantiene. El 52% de los gestores de flotas reconoce que la falta de claridad normativa condiciona sus decisiones, mientras que solo el 35% de las empresas incorpora actualmente la sostenibilidad a su planificación. Además, persisten carencias en información sobre ayudas públicas y movilidad eléctrica.

El seguimiento de emisiones y la digitalización también presentan margen de mejora: solo el 23% de las empresas monitoriza las emisiones de sus flotas y el 75% no utiliza inteligencia artificial en su gestión diaria. Aunque el 49% de los gestores confía en que sus flotas serán completamente eléctricas en el futuro, la autonomía, la infraestructura de recarga y la incertidumbre regulatoria siguen condicionando el ritmo de electrificación.