El Gobierno central ha abierto un conflicto con la Xunta al considerar que varios artículos de la Ley de Protección de las Personas Consumidoras invaden sus competencias. En concreto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha trasladado a la Administración gallega sus "discrepancias" en torno a varios puntos de la normativa que priorizan en las subvenciones y los contratos administrativos a aquellas empresas que utilicen el arbitraje como fórmula para resolver reclamaciones de sus clientes.