La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias asegura que se van a mantener abiertas las Oficinas Municipales de Información a los Consumidores (OMIC), pero la verdad es que el panorama no está nada claro para estos servicios de defensa de derechos de los consumidores, desde que se publicó en el BOE, el pasado 30 de diciembre, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Tres ayuntamientos ya han cerrado sus oficinas.

La nueva ley, que le da una vuelta de calcetín a la anterior, la 7/1985, elimina de los ayuntamientos, entre muchas otras modificaciones, la competencia de defensa de los consumidores. No es que los ayuntamientos no puedan mantener esas oficinas municipales, sino que sólo podrán seguir haciéndolo siempre que no haya duplicidad de la misma competencia con otras administraciones públicas.