Las asociaciones de consumo Facua y Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) hicieron ayer frente común para exigir a la Junta y al Gobierno central que actúen ante el fraude de la sal yodada, detectado tras la denuncia presentada en 2012 por uno de los productores en la que alertaba del incumplimiento generalizado de los niveles exigidos de yodo en la composición de este producto (60 miligramos por kilo de sal). “Lo que no entendemos es que tras dos años, ni la Junta ni el Gobierno central hayan hecho nada por corregir esta situación”, alertó su portavoz, Jesús Yesa. La composición de la sal yodada está regulada por real decreto desde 1983.