Más transparencia, más información, más facilidades para aquellos que quieran cambiar las condiciones y, en general, mayor protección para el consumidor que firma una hipoteca. El Gobierno central asegura que sobre esos pilares ha construido la ley de contratos de crédito inmobiliario, cuyo anteproyecto fue remitido recientemente al Consejo de Estado para que se apruebe después de terminadas las vacaciones de verano. Sin embargo, el texto inicial no parece contentar a nadie.

Tanto los propios bancos como los usuarios han mostrado los primeros recelos. Directivos de las principales entidades financieras ya han manifestado en público abiertamente que no es una buena idea "desequilibrar la balanza", dando a entender que salen perjudicadas con la norma; mientas que colectivos como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) destacan que algunas de las medidas incluidas "solo servirán para proteger de reclamaciones extrajudiciales y judiciales" a los bancos, es decir, de nuevo los consumidores volverán a toparse con situaciones de abuso que les reservan muy contra su voluntad el papel de víctimas.