El fallo del Tribunal Supremo que en octubre del pasado año determinó que debían ser los bancos los que pagaran el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), asociado a las hipotecas, fue recibido con alegría por los españoles. Los ciudadanos creyeron entonces haberse liberado de parte del coste de cerrar una hipoteca, entre el 0,5% y el 1,5% de la compraventa (en Canarias es el 0,75%), que es lo que supone el IAJD.