El Tribunal Supremo ha aceptado preguntar a Europa por el bono social eléctrico. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha acordado plantear una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la UE aclare si la tarifa subvencionada que el propio Supremo anuló en 2016 es compatible con la normativa europea. La decisión del alto tribunal llega después de que el Constitucional tumbara en marzo pasado aquella decisión del Supremo por considerar que se había vulnerado el derecho a un proceso público con todas las garantías.