El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley para reforzar la protección de las personas más vulnerables e indefensas en las relaciones y contratos de consumo. La figura de la persona consumidora vulnerable se incluirá a partir de ahora en un marco normativo que permitirá a las administraciones públicas corregir situaciones de abuso o fraude «agravadas en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19», según interpretan desde el Ministerio de Consumo.