Los tribunales están reconociendo el derecho de los consumidores a ser indemnizados por los bancos, con intereses desde la fecha de inicio del abuso, por la aplicación de cláusulas abusivas y por el cargo de los gastos de tramitación de las hipotecas también cuando estas han sido canceladas.

Ese tipo de reclamaciones incluye dos desventajas para las entidades financieras: por una parte carecen de la posición de ventaja para negociar que les ofrece el hecho de que el demandante siga teniendo dinero pendiente de devolución por no haber amortizado el préstamo en su totalidad y, por otra, se ven obligados a asumir indemnizaciones netamente superiores a las cantidades que defraudaron a sus clientes, ya que el interés legal del dinero ha oscilado entre el 3% y el 5,5% anual en lo que llevamos de siglo, según los datos del Banco de España.