El Ministerio de Consumo admite que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que limitará a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios de información, reclamación y posventa, supondrá un "ligero incremento" de los costes para las empresas afectadas, pero no para el Estado.

La futura Ley de Atención a la Clientela establece que los usuarios podrán pedir ser atendidos por una persona con formación especializada, independientemente de que la comunicación se haya iniciado a través de contestadores automáticos o sistemas robotizados.