La nueva Autoridad independiente de defensa del cliente financiero, puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos como proyecto estrella para preservar los derechos del usuario de banca, incorpora novedades importantes en su redacción final. El anteproyecto de ley que regula su creación rebaja de forma muy notable las sanciones a los bancos si se compara con los primeros borradores. La infracción grave, que en principio implicaba una multa de hasta el 5% del importe anual de la cifra de negocios de la entidad, ahora solo contempla una penalización máxima del 2%. A la vez, se fija un tope que antes no existía y que, si el texto sale adelante en los actuales términos, se situará en los 2 millones.