Riesgo de asfixia, riesgo de electrocución, de daño ocular o auditivo, de quemadura, de laceración o corte, de fractura, de lesiones varias… Son múltiples los motivos por los que un producto puede acabar denunciado e introducido en la Red de Alerta de Productos de Consumo y, por ende, retirado del mercado.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía señala que esta red de intercambio de información destaca necesariamente por su agilidad, fruto de la coordinación a nivel provincial, autonómico, nacional y europeo.

La detección de un producto que pudiera ser inseguro puede tener como origen las inspecciones que realiza la Administración de Consumo en sus diferentes campañas de control, pero también las denuncias de personas consumidoras que los utilizan.

Las personas denunciantes deben presentar una denuncia dirigida al Servicio de Consumo Provincial (Delegación Territorial de Salud y Consumo), ya sea de forma presencial, o mediante la presentación en un registro electrónico, donde tienen que: facilitar la información del producto –denominación, marca, lote, referencia, empresa responsable–; detallar el lugar donde se adquirió el mismo; describir los hechos y aportar pruebas (como fotografías o vídeos) que puedan servir para demostrar lo denunciado.